Las víctimas del partido judicial lucentino tendrán que desplazarse a la capital para resolver sus asuntos a partir del 31 de diciembre
El Ilustre Colegio de Abogados de Lucena ha manifestado su «total desacuerdo» con el Real Decreto 422/2025 publicado el pasado 4 de junio en el Boletín Oficial del Estado, que establecerá que los casos de violencia de género del partido judicial de Lucena sean competencia del órgano especializado de Córdoba a partir del 31 de diciembre de 2025.
Esta medida, que entra en vigor el mismo día de su publicación, obligará a las víctimas de violencia de género de Lucena, Rute, Encinas Reales, Benamejí, Palencia e Iznájar a desplazarse hasta la capital cordobesa para la resolución de sus casos, lo que según la corporación colegial va en contra del objetivo declarado de «proximidad razonable» y «mejora de la atención» a las víctimas.
El Colegio de Abogados critica especialmente que la tramitación del decreto se haya realizado sin consulta ni audiencia públicas, aprovechando su declaración de urgencia. «Se impone como hecho consumado sin posibilidad de enmienda», señalan en su comunicado, añadiendo que a la corporación «ni se le ha informado ni se le ha dado oportunidad de alegar en la elaboración de la norma».
La entidad profesional considera que esta reestructuración judicial «incide directamente en el derecho a la tutela judicial efectiva» y perjudica tanto a las víctimas como al ejercicio profesional de la abogacía en el partido judicial lucentino, donde los letrados quedarán limitados únicamente a la asistencia inicial ante dependencias policiales.
Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Lucena ha anunciado que está llevando a cabo «de forma urgente, determinadas actuaciones para la defensa de las víctimas de violencia de género y de nuestro colectivo profesional», de las que informará próximamente al censo colegial.
El Real Decreto 422/2025 forma parte de una reorganización más amplia que incluye la dotación de nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer y la creación de Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, con efectos previstos para el 31 de diciembre de 2025.
