El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Lucena, Francis Aguilar, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para responder a las graves acusaciones vertidas por el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, quien denunció un presunto «fraude de ley» en el proceso de externalización del servicio de limpieza municipal.
Aguilar comenzó su intervención transmitiendo «un mensaje de tranquilidad, de rigor y de compromiso con la legalidad», subrayando que el equipo de gobierno encabezado por el alcalde Aurelio Fernández está gestionando los procedimientos de contratación pública «con absoluta transparencia y respeto escrupuloso a la Ley de Contratos del Sector Público».
El concejal calificó las acusaciones de Villa como «una alarma social injustificada» y explicó que un fraude de ley consiste en «aparentar cumplir la normativa cuando en realidad se busca burlar el espíritu de la misma». Aguilar fue contundente: «El Ayuntamiento de Lucena no está cometiendo ningún fraude de ley».
Francis Aguilar no dudó en cargar contra Miguel Villa, acusándole de representar «una política del pasado que frena el desarrollo de nuestra ciudad» y de crear «una alarma social infundada» que daña la imagen de Lucena y del Ayuntamiento. Según el concejal, estas declaraciones están «dañando la reputación institucional» y «poniendo en duda la honorabilidad» de los funcionarios municipales que han participado en el proceso.
El responsable municipal advirtió que esta situación proyecta «una imagen de inseguridad jurídica que puede hacer desistir a algunos inversores» de instalarse en la ciudad, responsabilizando a Villa del «daño que con estas acusaciones está haciendo al Ayuntamiento de Lucena».
Aguilar desmintió categóricamente que el Ayuntamiento esté «privatizando sin estudio» el servicio de limpieza, explicando que la decisión se basa en «un análisis riguroso de eficiencia y sostenibilidad» conforme a la normativa vigente. Recordó que tras la reforma de 2013, la Ley de Bases de Régimen Local establece que la elección entre gestión directa e indirecta debe basarse en «criterios de eficiencia y sostenibilidad», no en decisiones políticas arbitrarias.
El concejal detalló que todo el proceso ha sido avalado por informes técnicos, jurídicos y económicos del personal funcionario, con la participación de más de 16 expedientes en los que han intervenido técnicos de administración general, de gestión, secretaría general e intervención.
En un ejercicio de hemeroteca política, Aguilar recordó las contradicciones de Izquierda Unida, citando que en 2009 defendían la municipalización de servicios, pero cuando llegaron al gobierno en 2011 mantuvieron e incluso incrementaron la gestión externa. También mencionó que en 2013, siendo Villa presidente de la empresa pública de aparcamientos (Epel), propuso estudiar fórmulas privadas para el servicio de limpieza de esta entidad.
Durante la rueda de prensa, Aguilar confirmó que está en estudio un nuevo contrato de jardinería que seguiría el mismo modelo de gestión indirecta, siempre «bajo el beneplácito de los servicios jurídicos».
El concejal concluyó su intervención instando a Villa a «rendir cuentas públicamente del daño que está haciendo a la ciudad» y defendiendo que la política municipal debe ceñirse «a lo que nos marca la ley y cumplirla», alejándose de «debates ideológicos» y centrándose en ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos.
