Durante el Pleno del Ayuntamiento de Lucena que se celebra hoy, se somete a votación un nuevo expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC), con el objetivo de validar pagos realizados por servicios prestados durante 2024 sin contrato ni fiscalización previa.
«Este expediente no es un caso aislado, sino parte de una práctica sistemática que se ha consolidado con los años. Lo que en principio debería ser un recurso excepcional, se ha convertido en la vía habitual para sortear los procedimientos legales en la gestión del dinero público.» explica de Mora.
«Lejos de tratarse de errores puntuales o despistes administrativos, se trata de una forma de actuar institucionalizada, tal y como se reconoce en informes de Intervención, Secretaría y Fiscalización. Esta situación compromete seriamente la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas que toda administración debe garantizar.»
«Mientras cualquier ciudadano o empresa de Lucena sufre consecuencias inmediatas por un error o retraso administrativo, el propio Ayuntamiento opera bajo una lógica distinta, donde lo excepcional se vuelve costumbre.»
A continuación, detalla algunos de los casos más significativos:
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Correos (2020-2024): Servicio continuo sin contrato desde 2020, con fraccionamiento indebido.
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Correo institucional – EPRINSA (desde 2015): Servicio digital estructural sin contrato vigente.
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Autobús a Jauja – Coral Lucentina (octubre 2024): Gasto ejecutado pese al rechazo de Intervención.
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Relojes para jubilados – Educación: Compra sin crédito disponible ni competencias delegadas.
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Catering e intérprete – Inauguración escolar: Gasto sin expediente, contrato ni fiscalización.
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Vodafone: Facturación que excede el contrato sin procedimiento de modificación.
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Eventos culturales (25N, obras teatrales, etc.): Contratos menores reiterados sin control legal.
Estas irregularidades, que suman más de 60.000 euros en apenas unos meses, son reconocidas por los propios servicios técnicos, quienes señalan que:
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Se ha omitido el control previo del gasto.
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No existían expedientes ni contratos menores.
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Los pagos se justifican únicamente en base al principio de “enriquecimiento injusto”.
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No se plantean medidas correctoras ni responsabilidades.
Pese a ello, se siguen aprobando y normalizando estas prácticas.
Las leyes que regulan la contratación pública (LCSP), la Ley General Presupuestaria y la legislación de régimen local, prohíben expresamente estos procedimientos. No podemos aceptar que mientras el ciudadano recibe un requerimiento por una deuda, la administración simplemente redacta un informe para excusarse.
Ante esta situación, como concejal, Francisco de Mora ha tomado las siguientes medidas:
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Solicitar la retirada del expediente REC del orden del día.
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Incluir una advertencia de nulidad de pleno derecho en el acta del Pleno.
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Exigir el envío del expediente a la Cámara de Cuentas de Andalucía y, si corresponde, al Tribunal de Cuentas.
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Solicitar una revisión exhaustiva de todos los expedientes REC desde 2020.
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Reclamar la apertura de expedientes de responsabilidad administrativa, contable o disciplinaria.
Lucena necesita un cambio profundo. Gobernar es cumplir la ley, y más aún, respetar a quienes sí la cumplen cada día. No podemos seguir operando como si la legalidad fuera una opción.
Esto no va de tecnicismos, va de principios. De una forma honesta y responsable de entender la política: «Con legalidad, con transparencia real, con valentía para señalar lo que está mal, y con humildad para corregirlo» afirma el edil.

