 recurre la privatización del servicio de limpieza de Lucena por fraude de ley. Denuncia precarización laboral y falta de){kind=link}
Miguel Villa denuncia que el alcalde no ha estudiado todas las fórmulas de gestión que obliga la normativa.
El concejal de Izquierda Unida, Miguel Villa, compareció esta mañana en rueda de prensa para anunciar la presentación de un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno municipal que decide externalizar y privatizar el servicio público de limpieza de la ciudad.
Villa denunció que el alcalde, Aurelio Fernández, «ha actuado en fraude de ley» al condicionar la elaboración de la memoria técnica necesaria para determinar la fórmula más viable del servicio, «cercenando todos los modelos que estaba obligado a estudiar».
Según el concejal de la oposición, el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local obliga a las entidades locales a prestar los servicios públicos «en los términos más sostenibles y eficientes» de entre diversas fórmulas de prestación. La normativa establece cuatro modalidades de gestión directa que deben ser analizadas: gestión directa sin órgano especial, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local (como el aparcamiento de Plaza Nueva) y sociedad mercantil local (como Aguas de Lucena).
«El alcalde solo ha ordenado comparar la gestión actual con la privatización, eliminando conscientemente las otras tres fórmulas que la ley obliga a estudiar», criticó Villa, quien calificó esta actuación como «un capricho ideológico que no busca el interés general».
El edil de IU denunció que el supuesto ahorro económico de la privatización se basa en la precarización del empleo. Según los datos expuestos, un trabajador municipal actual cuesta 33.000 euros anuales, mientras que en la empresa privada costaría 27.000 euros, lo que supone una diferencia salarial de 6.000 euros anuales por trabajador.
«Un empleado contratado por la empresa privada va a ganar 500 euros menos cada mes», señaló Villa, quien calificó esta situación como «precarización» e incluso «esclavitud» laboral.
El concejal recordó los buenos resultados obtenidos cuando Izquierda Unida gestionó el servicio de limpieza a través de la empresa Serviman. «Cuando empezamos a gestionar, el absentismo alcanzaba el 12%, llegando en 2009 hasta el 17%. Tras seis meses de gestión de IU, al final de 2012 se redujo al 0,9%», destacó Villa.
Villa también advirtió sobre la pérdida de control que supondrá la externalización: «El alcalde no podrá dar órdenes directas a los empleados de la empresa privada, sino que tendrá que hacerlo a través de sus coordinadores, lo que hace la gestión menos transparente y supervisada».
El concejal criticó que el proceso no se haya hecho público antes de su aprobación, a pesar de las recomendaciones del secretario municipal, «impidiendo que los ciudadanos puedan manifestarse y alegar».
El recurso, presentado el pasado 30 de junio, debe ser resuelto por el pleno municipal antes del 30 de julio. De prosperar, obligaría a elaborar una nueva memoria técnica que compare todas las fórmulas de gestión que establece la ley.