El Consistorio lucentino respalda el manifiesto que reclama al Gobierno central reconsiderar el traslado de competencias a Córdoba
En el marco del Día Internacional de la Mujer, representantes de las asociaciones integradas en el Consejo Local de la Mujer de Lucena han presentado un manifiesto conjunto para exigir el mantenimiento del Juzgado de Violencia de Género en la ciudad. El Ayuntamiento de Lucena se ha sumado al documento como muestra de su compromiso con la protección de las víctimas y el acceso a una justicia cercana.
No es la primera vez que Lucena alza la voz ante esta amenaza. Ya en junio de 2025, todos los grupos municipales rechazaron de forma unánime la medida del Gobierno central que trasladaba las competencias judiciales en materia de violencia de género a Córdoba. La concejala de Igualdad y Diversidad, Irene Aguilera, ha participado en el acto subrayando la necesidad de visibilizar una problemática que no entiende de calendarios: «Aunque sea una lucha de todo el año, en este mes de marzo reiteramos nuestra profunda preocupación por la eliminación del juzgado de violencia de género en Lucena, una decisión que afecta directamente a nuestra sociedad y, muy especialmente, a las mujeres que hoy nos acompañan».
El manifiesto rechaza de manera explícita el Real Decreto 422/2025, que reestructura la planta judicial y transfiere las competencias en violencia de género al Tribunal de Instancia de Córdoba, con entrada en vigor el 1 de enero de 2026. Las asociaciones firmantes denuncian que esta medida impone a las víctimas la obligación de desplazarse más de 80 kilómetros para acceder a la justicia, lo que no solo dificulta el proceso judicial, sino que agrava su situación de vulnerabilidad, aumenta el desarraigo y deteriora su salud física, mental y social.
El documento va más allá de la denuncia y advierte de que la decisión vulnera derechos fundamentales, compromete la igualdad profesional de los operadores judiciales de Lucena y contradice los principios constitucionales de libertad e igualdad. Por todo ello, el manifiesto insta al Gobierno de España y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a reconsiderar la medida y a garantizar que las competencias en violencia de género permanezcan dentro del partido judicial de Lucena.
