Lucena, la ciudad que en algún momento se ganó la reputación de tener el mayor número de coches por habitante, enfrenta una reiterada eliminación de aparcamientos que ha despertado una ola de indignación entre sus ciudadanos.
La eliminación progresiva de plazas de aparcamiento a lo largo y ancho de la ciudad, sumada a la reciente subida de precios del parking público de la Plaza Nueva, ha hecho que la paciencia de los lucentinos alcance su límite.
Debido al Cambio Climático y la Agenda 2030 impuesta por Europa, el Ayuntamiento optó por medidas que, en teoría, debían mejorar la calidad de vida y reducir la contaminación: la creación de carriles bici y la peatonalización del centro. Sin embargo, estas decisiones, lejos de resolver los problemas, han exacerbado las dificultades diarias de los ciudadanos.
El nuevo carril bici, que rodea el casco histórico, ha provocado la desaparición de decenas de plazas de aparcamiento, a lo que hay que añadir que apenas se usa para su fin. Y aunque la idea de fomentar el uso de la bicicleta es loable, la realidad es que la infraestructura y el clima de Lucena no siempre son los más favorables para este medio de transporte. De la misma manera, la peatonalización del centro, que debería ser un punto de encuentro y actividad comercial, ha ahuyentado a aquellos que no encuentran dónde dejar su coche para realizar sus compras o simplemente disfrutar de un paseo.
La gota que colma el vaso: Plaza Nueva y la Ciudad de la Justicia
Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la reciente subida de precios en el parking público de la Plaza Nueva, un lugar que, hasta hace poco, era una opción viable para quienes necesitaban estacionar en el centro. Ahora, aparcar allí se ha convertido en un lujo que pocos se pueden permitir. Este encarecimiento no solo afecta a los lucentinos de a pie, sino que también se podría preveer que perjudicará gravemente a los comerciantes del centro, quienes ven cómo sus clientes potenciales optan por ir a otras zonas de la ciudad , además de enfrentarse a la competencia desleal de internet.
A esta situación se suma la inminente apertura de la Ciudad de la Justicia en la zona del Carmen, donde, para sorpresa de sus vecinos, también se ha decidido eliminar plazas de aparcamiento, viéndose obligados a utilizar el parking de pago de la zona.
La indignación está más que justificada. Los lucentinos se sienten agraviados, pues se les priva de plazas de aparcamiento, se les encarece el uso de las pocas opciones disponibles, y se les deja sin soluciones reales para un problema que va más allá de la simple movilidad.
Ante este panorama, surge una polémica inevitable.
Si el Ayuntamiento continúa eliminando plazas de aparcamiento sin ofrecer alternativas viables, ¿no debería también reducir el impuesto de tracción mecánica que pagan los ciudadanos? Al fin y al cabo, se les está privando del uso pleno de sus vehículos, que ya de por sí son una necesidad en una ciudad con pocas opciones de transporte público.
Otra posibilidad sería la de subvencionar la compra de bicicletas o vehículos alternativos, pero eso solo solucionaría el problema si la infraestructura se adapta realmente a este tipo de transporte y si todos los ciudadanos estuviesen en condiciones de usarlos.
La sensación general es de frustración y desconcierto. Los lucentinos se preguntan hacia dónde va su ciudad y si se les está escuchando. Las políticas de movilidad deben ser inclusivas y considerar las necesidades reales de la población, no imponer soluciones que solo benefician a unos pocos y perjudiquen al resto.