Las dos formaciones de izquierda piden unidad a todas las fuerzas políticas y al alcalde de Lucena para frenar una medida que deja en el aire el futuro de siete alumnos con necesidades especiales.
Representantes de Izquierda Unida y Por Andalucía han expresado su oposición a la intención de la Junta de Andalucía de eliminar o transformar el ciclo de Formación Profesional Básica Específica de Cocina y Restauración que se imparte en el IES Juan de Aréjula de Lucena, medida que entraría en vigor a partir del curso 2026-2027.
La comparecencia tuvo lugar frente al edificio de la Escuela de Hostelería, donde los representantes de ambas formaciones defendieron la continuidad de este programa por su papel fundamental en la integración educativa y social del alumnado con necesidades especiales, al tiempo que llamaron a la ciudad a articular una respuesta conjunta frente a la posible supresión.
La cabeza de lista de Por Andalucía al Parlamento andaluz, María Rosa Rodríguez Ruz, criticó que las familias estén viviendo una incertidumbre que considera del todo innecesaria, agravada por la falta de explicaciones por parte del Gobierno autonómico. Subrayó que el programa funciona con plena normalidad y ofrece salida formativa a jóvenes con necesidades especiales para quienes este ciclo representa, en muchos casos, su única vía de futuro. Los siete alumnos matriculados actualmente desconocen si podrán continuar sus estudios el próximo curso. Rodríguez Ruz apuntó a la rentabilidad económica como trasfondo de la decisión y denunció que el Ejecutivo andaluz avanza hacia la privatización y mercantilización de los servicios públicos.
La representante de Por Andalucía advirtió también de que esta medida no sería un caso aislado, alertando de que la Junta tiene previsto suprimir 36 líneas de educación infantil, primaria y secundaria en la provincia de Córdoba. Frente al argumento oficial de la caída de la natalidad, propuso que ese descenso de alumnado podría aprovecharse precisamente para reducir las ratios en las aulas, en lugar de eliminar grupos.
Por su parte, el diputado provincial de IU en la Diputación de Córdoba, José Manuel Cobo, trasladó su solidaridad a las familias, al profesorado y, especialmente, al alumnado afectado. Alertó de la escasez de recursos en la educación pública y señaló que muchos estudiantes se enfrentan no solo a dificultades económicas, sino también a la falta de personal especializado como maestros de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje. Anunció que su grupo presentará una iniciativa en la Diputación para abordar la situación del centro e instará a la responsable del Instituto Provincial de Bienestar Social, Irene Aguilera, a posicionarse al respecto.
En el plano local, el portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Lucena, Miguel Villa Luque, apeló a la unidad de toda la ciudadanía, recalcando que no se trata de un problema puntual sino de un asunto que concierne a todos los vecinos. Pidió la implicación del alcalde, de todas las fuerzas políticas y de las AMPAs para lograr que la Junta reconsidere la decisión o, al menos, la paralice.
Ambas formaciones coincidieron en reclamar al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que abra un periodo de reflexión antes de ejecutar la medida, y reafirmaron su compromiso de apoyo institucional a las familias afectadas para revertir la situación.
