Psoe Lucena presenta una moción para la subrogación del Personal Técnico PTIS e interprete de lengua de signos Psoe Lucena presenta una moción para la subrogación del Personal Técnico PTIS e interprete de lengua de signos
  En el marco del estatuto de autonomía para Andalucía el Grupo Municipal Socialista, presentará en el próximo pleno municipal una moción para la... Psoe Lucena presenta una moción para la subrogación del Personal Técnico PTIS e interprete de lengua de signos

 

En el marco del estatuto de autonomía para Andalucía el Grupo Municipal Socialista, presentará en el próximo pleno municipal una moción para la Subrogación del Personal Técnico PTIS e interprete de la lengua de signos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“El servicio de atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, se recoge en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, y en lo concerniente a la Comunidad Autónoma Andaluza en la Ley 17/2007 LEA, en cuyas Disposiciones Generales se recoge entre otras cosas que “La Consejería competente en materia de educación dotará a los centros docentes de recursos humanos y materiales que posibiliten el ejercicio de su autonomía”.

Según se desprende de la citada regulación normativa, la administración educativa debe de dotar a los centros del personal idóneo para prestar este servicio, o dicho en otro termino, del Personal Técnico de Integración Social correspondiente.

Desde hace varios años, el Personal Técnico de Integración Social, viene reclamando a la Junta de Andalucía que se subrogue a dicho colectivo, pudiendo de ese modo garantizar que cada trabajador y trabajadora continuará en su centro desarrollando sus funciones como hasta este momento.

Las PTIS subcontratados por la Junta de Andalucía, que tiene privatizado el servicio, poseen contratos a tiempo parcial, casi nunca a jornada completa, por lo que dependen de las necesidades del centro y de las horas que le otorgue a cada uno de los centros la Consejería de Educación. En verano se les da de baja a sus contratos y no tienen días de asuntos propios ni bajas por riesgo laboral. Además la privatización del servicio genera agravios comparativos entre las profesionales contratadas por la Junta —personal laboral— y las contratadas por empresas externas.

Las PTIS han venido denunciando la cesión ilegal de trabajadoras, e incluso varias ya tienen sentencias donde se reconoce esta cesión y el incumplimiento de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Otras muchas en cambio, siguen esperando la celebración de sus juicios o resolución de recursos interpuestos por la administración para dilatar todo el proceso.

El artículo 130.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, expresa “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba sí así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia…”

Asimismo, este colectivo sufre periódicamente impagos por parte de las empresas, sobre todo, cuando el gobierno de la Junta de Andalucía tiene problemas de pagos con las empresas adjudicatarias del servicio, y como siempre, son las trabajadoras las que sufren las consecuencias.

Por otro lado, recientemente, el gobierno de la Junta de Andalucía presento un decreto por el que se establece el servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales por parte del profesional técnico de integración social y se regula su organización, funcionamiento y gestión.

Y Hemos de recordar en este sentido que la atención al alumnado con necesidades educativas especiales no es un servicio complementario sino que forma parte del proceso educativo del alumnado y por tanto, se trata de un servicio esencial.

Este Decreto no tiene otra finalidad sino la de eternizar la contratación de las PTIS por parte de empresas privadas, es decir, de la privatización del servicio. Sin embargo, la PTIS son puestos de trabajo esenciales y estructurales, como así recoge el artículo 116 de la Ley de Educación en Andalucía, cuando expresa que “la atención al alumnado con necesidades educativas especiales corresponde al profesorado y a otros profesionales con la debida cualificación”.

Por tanto, la única solución a este problema pasa porque el gobierno de la Junta de Andalucía subrogue a las PTIS externalizadas, como personal laboral y ponga fin a esta lamentable situación que padecen los y las trabajadoras que prestan este servicio público.

Por todo lo anterior el Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de LUCENA propone los siguientes ACUERDOS:

 

Primero: Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía que aplique el artículo 130.3 de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público y SUBROGUE a todo el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) e Interpretes de Lengua de Signos (ILSE) subcontratado que viene haciendo su labor en la Escuela Pública, reconociéndoles la experiencia laboral desempeñada en la misma.

Segundo: Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla con los Profesionales Técnicos de Integración Social e Intérpretes de Lengua de Signos, y garantice el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas para ambos colectivos.

Tercero: Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a ampliar el número de estos profesionales en los centros educativos andaluces para garantizar una educación pública de calidad al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

Cuarto: Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía

 

 

 

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